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¿Cuáles son las novedades de la reforma tributaria aprobada en Colombia y por qué causa polémica?

El Congreso de Colombia aprobó de manera «exprés» la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque, después de que dos proyectos anteriores de ese tipo fueran rechazados por la población, que se volcó a las calles a protestar en 2019 y en 2021.

La ‘Ley de Inversión Social’ fue aprobada en segunda discusión por el Legislativo, con 77 votos a favor y dos en contra. Varias bancadas opositoras abandonaron el debate antes de culminar la sesión argumentando que el plazo de menos de 24 horas para estudiar y analizar el instrumento legal, de más de 100 páginas, fue muy poco. 

Según el titular de Hacienda, José Manuel Restrepo, con esta iniciativa, que tiene 61 artículos, se recaudarán casi 4.000 millones de dólares para atender a 29 millones de colombianos a través de los diferentes programas sociales.

Desde el Parlamento, algunos congresistas catalogaron de apresurada esta nueva ley, que fue radicada por el Ejecutivo menos de un día antes de ser debatida y aprobada. Del mismo modo, las voces en contra manifestaron que no recoge los impuestos de «manera adecuada» debido a que no se grava a los grandes capitales.  

La reforma tributaria fue el detonante de las movilizaciones en Colombia, tanto en 2019 como en 2021. En esta últimas, la presión popular logró que fuera retirada por Duque y que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunciara al cargo.

La iniciativa impulsada por Carrasquilla establecía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario, además de la eliminación de la exención de este impuesto en alimentos básicos.

¿Qué incluye la ley?

Entre temas transversales aprobados en esta nueva ley se encuentran los relacionados con el impuesto de normalización tributaria, la evasión y las medidas para reactivar la economía en medio de la pandemia. 

Esta normativa legal, según el Ministerio de Hacienda, también está dirigida a las familias colombianas que «cayeron en pobreza y pobreza extrema». Así, se prevé que el programa gubernamental ‘Ingreso Solidario’ llegue a 4,1 millones de hogares, que recibirán una renta básica de 160.000 pesos mensuales (unos 42 dólares).

En cuanto a los jóvenes, que han sido los más activos en las movilizaciones antigubernamentales, se establece que más de 500.000, con edades entre los 18 y 28 años, tendrán un contrato laboral con prestaciones sociales y el Estado aportará el 25 % de su salario mínimo. Asimismo, 700.000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 (que son los de menores recursos) recibirán matrícula gratuita de estudios superiores.

En Colombia, la situación económica golpea con mayor fuerza a la juventud. Hasta los 25 años, la incidencia de pobreza monetaria es de 50,7%, mientras que la cifra de ‘ninis’, personas entre 14 y 28 años que no estudian ni trabajan, se ubica en 33 %.

Un pequeño sector de las mujeres, que en el país suramericano representa el 51,2 % del total de la población (22,6 millones), será alcanzado por la normativa. A 200.000 de ellas el Estado les pagará 15 % del salario mínimo para que obtengan un contrato laboral con prestaciones sociales. En Colombia, 46,7 % de las mujeres está en situación de pobreza frente al 40,1 % de hombres. 

De igual forma, los contratantes de 250.000 personas sin puesto de trabajo y con ingresos de hasta tres salarios mínimos, equivalentes a unos 700 dólares, recibirán del Estado 10 % del salario de estos trabajadores. La tasa de desempleo corresponde a 18,8 % para mujeres y 10,1 % para hombres. 

En cuanto a los empresarios, quienes se hayan «visto afectados por el paro nacional», tendrán un apoyo mensual de 20 % del salario mínimo para un millón de trabajadores de 70.000 empresas. El Gobierno sostuvo que los bloqueos de las vías durante las protestas causaron grandes pérdidas a los empresarios.

Las voces en contra

Entre los reclamos de los congresistas opositores estuvo el tema de la celeridad con la que se radicó ante el Congreso el proyecto.

El representante Mauricio Toro se quejó porque el texto fue presentado el día anterior. «Apenas ayer, a las 6:00 de la tarde, radicaron un texto de 100 páginas que además tiene dos ponencias alternativas que tiene que leer y conocer la ciudadanía». En su opinión, esta acción fue «irresponsable con los «ciudadanos, los gremios, los empresarios, los docentes y con los colombianos».

El representante del partido Comunes, Carlos Marín, dijo que el debate de la reforma tributaria, a la que catalogó de «esperpento», no había sido serio. «Esto fue una contrarreloj, sin escuchar argumentos, sin permitir una discusión».

Marín agregó que esta nueva ley «castiga el bolsillo de los colombianos» y pone «a pagar a los más pobres» y que beneficia a los grandes patrimonios, al sector financiero, a las zonas francas y a las industrias de bebidas azucaradas. Sin embargo, el titular de Hacienda ha asegurado que la reforma «no toca a las clases medias» ni a los pensionados.

Por su parte, la representante a la Cámara, Catalina Ortiz, aseveró que la reforma del Gobierno «no recoge los impuestos de una manera adecuada» porque no basa la recaudación en las personas que más tienen. 

Otros diputados como Gustavo Petro también expresaron su rechazo. «Lo que esta reforma tributaria trae es aumentarle los impuestos a la empresa productiva pequeña y mediana, fundamentalmente», argumentaron.

Este mismo descontento se manifestó ya en dos oportunidades, entre 2018 y 2019, cuando el mandatario presentó ante el Parlamento sendas reformas tributarias, que tampoco tuvieron ese nombre, y que fueron aprobadas por los congresistas.

Nathali Gómez

Fuente: RT

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