9 diciembre, 2024
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La ministra de Migraciones, Elma Saiz, dijo que España no quiere ser un país «cerrado y pobre»

Las nuevas normas migratorias anunciadas por Madrid el martes permitirán la legalización de unos 300.000 inmigrantes indocumentados al año durante los próximos tres años. Las reformas tienen como objetivo ampliar la fuerza laboral del país e impulsar su economía, según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del Partido Socialista Obrero Español.

«España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre y nosotros hemos elegido lo primero» —dijo Saiz, anunciando el cambio—. Agregó que el país necesita «alrededor de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros por año para sostener su estado de bienestar».

El presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, ha promovido previamente políticas de «migración circular» para crear canales legales para los migrantes económicos, algo que, según él, el país necesita urgentemente a medida que su población envejecida ejerce presión sobre las finanzas públicas.

Las reformas simplificarán los requisitos de visado y el papeleo y ampliarán su duración en determinadas circunstancias. El periodo que un inmigrante ilegal debe vivir en España para tener derecho a un visado también se reducirá de tres a dos años.

«Queremos facilitar a los extranjeros la consecución de un trabajo acorde con su perfil profesional y que las empresas encuentren a los profesionales que necesitan» dijo Saiz a los periodistas.

Explicó que las reformas podrían aumentar la tasa de regularización hasta 300.000 personas por año durante los próximos tres años.

Según Saiz, a finales de 2023 ya se había autorizado a 210.000 personas a vivir en España por la vía de la residencia. Dijo que alrededor de 3 millones de extranjeros aportan casi el 14% de las contribuciones al sistema de bienestar de España. Entre otros cambios, las visas de estudiante también se flexibilizarán, permitiendo hasta 30 horas de trabajo por semana.

En los primeros seis meses de este año, unos 25.000 migrantes llegaron ilegalmente a España, el doble que en el mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales. Más de 19.000 de ellos hicieron el viaje marítimo desde el noroeste de África hasta las Islas Canarias. En respuesta, el gobierno de Lanzarote declaró el estado de emergencia social, diciendo que no podía hacer frente a la afluencia. La situación llevó al principal partido de oposición de España, el derechista Partido Popular, a pedir al gobierno que desplegara la marina para bloquear a más inmigrantes.

Una encuesta realizada en octubre por el periódico El País y la emisora de radio Cadena Ser reveló que el 57% de los españoles considera que hay «demasiada» inmigración, mientras que el 75% tiene una opinión negativa de los inmigrantes.

Las últimas medidas de España en materia de inmigración contrastan con la tendencia en Europa, donde los gobiernos han introducido más restricciones a los migrantes y controles fronterizos más estrictos. En los últimos meses, Alemania y los Países Bajos han ampliado los controles en sus fronteras terrestres y Francia ha prometido «restaurar el orden» en sus propios puntos de entrada, mientras que Suecia y Finlandia han prometido introducir leyes de inmigración más estrictas.

Fuente RT


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