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Keystone XL, el polémico oleoducto norteamericano, ya tiene acta de defunción

Las manifestaciones en su contra y los recursos presentados en tribunales para detenerlo han sido numerosos en ambos lados de la frontera por sus riesgos medioambientales

Keystone XL, un oleoducto planeado para enviar crudo de la provincia canadiense de Alberta a refinerías estadounidenses, recibió un mazazo el pasado 20 de enero. Ese día, el presidente Joe Biden firmó la rescisión de los permisos para la construcción y explotación de esta obra, blanco de críticas y señalamientos desde hace más de una década. Esta semana, la empresa constructora y las autoridades de la mayor provincia petrolera de Canadá anunciaron el final de esta aventura energética. En un comunicado, los directivos de TC Energy informaron de la cancelación del proyecto “tras una amplia revisión de sus opciones y en consulta con su socio, el Gobierno de Alberta”.

La Red Ambiental Indígena (organismo creado en 1990 por distintos pueblos autóctonos de Norteamérica) manifestó en Twitter: “Después de más de 10 años, ¡finalmente hemos derrotado a un gigante del petróleo y el gas! ¡Keystone XL está muerto!”. Greenpeace afirmó que el apoyo de agricultores y activistas fue importante para frenar el proyecto, pero que el liderazgo de las comunidades indígenas resultó decisivo; “no se detuvieron ante nada para resistir y poner fin a la destrucción de sus tierras”. Las manifestaciones en contra de Keystone XL y los recursos presentados en tribunales para detenerlo habían sido numerosos en ambos lados de la frontera por sus riesgos medioambientales.

La empresa TC Energy registró una pérdida neta de 1.100 millones de dólares canadienses (903 millones estadounidenses) en el primer trimestre de 2021, tras una amortización de 2.200 millones de dólares canadienses (1.800 millones estadounidenses) por la suspensión del proyecto por parte de Joe Biden. El coste total del oleoducto rondaba los 8.000 millones de dólares estadounidenses. El objetivo era transportar unos 830.000 barriles diarios de petróleo -a lo largo de 1.930 kilómetros- de Hardisty (Alberta) a Steele City (Nebraska). Otras líneas ya existentes servirían para enviar el hidrocarburo a refinerías de Texas. La decisión de Biden no fue sorpresiva; formaba parte de sus más sonadas promesas de campaña. Barack Obama frenó la iniciativa en 2015, pero Donald Trump volvió a autorizarla en 2017.

El mismo día en que el mandatario estadounidense firmó la rescisión de los permisos, Justin Trudeau, primer ministro canadiense señaló: “Saludamos el compromiso del presidente Biden para luchar contra los cambios climáticos, pero estamos decepcionados por su decisión relacionada con el proyecto Keystone XL. No obstante, reconocemos la decisión del presidente de cumplir con la promesa que hizo en la campaña electoral”.

Jason Kenney, premier de Alberta, declaró que se sentía “profundamente perturbado” por la medida, a la que calificó como “un puñetazo para las economías de Alberta y Canadá”. Kenney pidió a Justin Trudeau retomar el diálogo sobre este asunto con la Casa Blanca, solicitando incluso la imposición de sanciones comerciales. Sin embargo, Trudeau optó por no agitar las aguas. El principal objetivo en esos días era reconducir la relación con Washington tras los años de roces con Trump. Además, Trudeau había recibido diversas críticas por la nacionalización y el anuncio de expansión del oleoducto TransMountain.

Este miércoles, Jason Kenney manifestó de nueva cuenta su “decepción y frustración” por los obstáculos a Keystone XL, subrayando especialmente la decisión de Biden. No obstante, Kenney afirmó que “Alberta seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo de un sector energético confiable y asequible en Nortamérica”. Alberta invirtió unos 1.300 millones de dólares canadienses (1.070 millones estadounidenses) de sus arcas públicas en Keystone XL. Tras confirmar que la provincia se retiraba de este proyecto, Sonya Savage, ministra de Energía, señaló que su Gobierno había sacado la chequera considerando los beneficios económicos que produciría, pero que dada la situación actual, lo más conveniente era poner fin a esta iniciativa.

El Gobierno de Alberta ha señalado que buscará recuperar parte del dinero de los contribuyentes que invirtió en Keystone XL. Para ello, podría llevar a cabo un proceso de liquidación de distintos activos del proyecto. Otra opción sería llegar a tribunales para pedir una indemnización. Sin embargo, según lo señalado por analistas en medios canadienses, TC Energy tendría que sumarse a este esfuerzo judicial, además de que las posibilidades de victoria frente al Gobierno estadounidense no son altas.

Jason Kenney no solo tiene que lidiar con sus frustraciones relacionadas con Keystone XL. El Nuevo Partido Democrático de Alberta, la oposición oficial en el parlamento provincial, exige que el Gobierno de Kenney haga públicos todos los detalles del acuerdo que firmó con TC Energy para la construcción del proyecto; también pide que el primer ministro se disculpe con los habitantes de la provincia “por haber perdido su dinero de forma irresponsable”. Del otro lado de la frontera, el senador republicano John Barrasso dijo que la decisión de Biden evitará la creación de miles de empleos bien pagados en Estados Unidos. A mediados de marzo, una coalición de 21 Estados –encabezada por Texas y Montana- presentó una demanda contra la administración Biden por frenar el proyecto.

Fuente: El País

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