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Perú: Acusan a Vladimir Cerrón de un caso de soborno por 15 millones de dólares

Las investigaciones judiciales en contra del fundador del partido izquierdista Perú Libre, Vladimir Cerrón, –en el que milita el presidente Pedro Castillo– no cesan. Ahora está siendo procesado por presuntamente recibir 15.000.000 de dólares de la compañía Chinalco para facilitar la reubicación de la población del distrito minero de Morococha, que permitiría la ejecución del proyecto cuprífero de Toromocho, estimado en 1300 millones de dólares.

Exfuncionarios de su gestión como gobernador de Junín lo acusan de gestionar beneficios para la compañía comunista. Uno de ellos es su exaliado administrativo, Ricardo Barzola, quien interpuso una denuncia del supuesto soborno donde además sus hermanos –el congresista Waldemar Cerrón y Fritz Cerrón– también participaron como “intermediarios”.

Según La República, Barzola manifestó que Vladimir Cerrón organizó la mudanza de los pobladores de Morococha suscribiendo acuerdos que nunca se cumplieron y emitiendo autorizaciones a favor del proyecto de la minera sin fundamento técnico. En sus redes, Cerrón vocifera que hay una «criminalización» contra los líderes de Perú Libre.

Intermediarios familiares

Frids Gómez, un exfuncionario de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, figura como uno de los testigos claves pero “lo secuestraron, lo golpearon y lo abandonaron cerca del río Mantaro. ¿No es una coincidencia?’’, se pregunta Barzola.

Mientras se aclara si es un amedrentamiento o un caso más de inseguridad ciudadana, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, Rafael Herrera Rivas, aceptó la solicitud de la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín de ampliar por seis meses más las averiguaciones del caso ante la petición de sobreseimiento por parte del fiscal Dennis Rondón Castillo, quien a principios de este año, alegó “falta de pruebas”.

Para la Procuraduría, Rondón incumplió con el peritaje contable de los bienes de los imputados y las diligencias básicas de la indagación, como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, para establecer la ruta del presunto dinero ilícito registrado en 2016.

Vladimir Cerrón evade su compromiso de colaborar con la justicia. Su defensa presentó la nulidad de la disposición judicial. Pero el juez Eber Bello Merlo, del Juzgado de Investigación Preparatoria Central, declaró infundada su acción y la indagación donde hasta Bertha Rojas –madre de Cerrón– aparece involucrada por actuar como presunta “testaferro”.

Una minera en un paraíso fiscal

La minera que se relaciona con el presunto soborno a Vladimir Cerrón tiene registrada en las Islas Caimán a una compañía vinculada a Minera Chinalco Perú S.A. bajo el nombre de Chinalco Mining Corporation International, que –hasta los reportes que transparentó en 2017– ocupa una oficina en un edificio conocido por albergar sociedades offshore: Ugland House, ubicado en South Church Street 309, George Town, revela un informe de Ojo Público.

El dueño de este grupo económico es Aluminum Corporation of China, una de las más grandes compañías estatales de China con sede en Pekín que tiene suscrito un contrato de Estabilidad Tributaria con Perú para explotar Toromocho hasta 2028.

Un convenio que en tiempos de campaña Pedro Castillo prometió que revisaría junto a otros 25 para “renegociar” con las transnacionales el 70 % de las ganancias porque hasta ahora –según Castillo– sólo “saquean” los recursos naturales.

Si el mandatario peruano husmea, capaz se sorprenderá. Chinalco Perú tiene a uno de sus expresidentes, Sun Zhaoxue, sentenciado a 16 años de cárcel por corrupción desde 2016 y, aunque la empresa ocupa el quinto lugar como mayor productor de cobre en el país con 23000 kilos extraídos por hora, no tiene públicos los reportes de ingresos, dividendos distribuidos y tributos pagados.

Lo que sí está a la vista de todos es que 40 familias permanecen en las 34 hectáreas que quedan de Morococha en rechazo a la disposición que autorizó la reubicación de la comunidad en la nueva ciudad de Carhuacoto, a 12 kilómetros de distancia, para que el proyecto Toromocho se ejecutara, pese “al aumento de la desigualdad en la distribución de la renta minera y una disminución de la producción agrícola cerca de los puntos de explotación donde hay más infraestructura para construcciones, algunas de dudosa utilidad, migración de la población rural, conflictos y corrupción”, detalla el balance de la organización.

Fuente: Bles

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