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¿Qué es la ‘ley mordaza’ y por qué su reforma ha levantado la oposición de sectores policiales en España?

Esta semana comienza en el Congreso de los Diputados de España el debate para llevar a cabo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, que aprobó el conservador Partido Popular (PP) en solitario en 2015, cuando ostentaba la mayoría absoluta de la Cámara.

Desde su aprobación ha sido una norma enormemente criticada bajo los argumentos de que limita los derechos fundamentales, criminaliza la protesta y que se había decretado para acotar, precisamente, las nuevas formas de descontento que comenzaron a surgir tras el estallido de la crisis económica de 2008 y el surgimiento del movimiento 15M.

Su derogación fue una de las promesas electorales de Pedro Sánchez antes de llegar a la Presidencia del Gobierno y una de las exigencias de su socio de Gobierno, Unidas Podemos (UP).

Ahora los principales detractores de la reforma son los sindicatos policiales más conservadores, posición que ha sido recogida por la ultraderecha del partido Vox y por las otras dos formaciones nacionales de derechas, Partido Popular (PP) y Ciudadanos, en su lucha partidista.

¿Cuáles son los principales cambios que incluye la reforma de la Ley Mordaza?

Esta ley ha dado lugar a que desde 2015 se hayan emitido más de 1,3 millones de sanciones económicas. Unas multas que pueden ser realmente elevadas, sancionando con entre 30.000 y 600.000 euros, por ejemplo, la realización de una manifestación no comunicada si entraña riesgo para las personas, negarse a disolver una o alterar el orden público.

También ha estado envuelto en la polémica el castigo de otras acciones, como la falta de respeto a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, que acarrea una multa de entre 100 y 600 euros impuesta tan solo atendiendo al criterio del propio agente denunciante.

Se critica que esta ley da presunción de veracidad al testimonio de los agentes de la autoridad, salvo prueba en contrario, por lo que va contra la presunción de inocencia de los ciudadanos. Además, las pruebas para contradecir el relato de los funcionarios son difíciles de obtener, ya que la misma normativa prohíbe grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Los cambios que se debaten en el Hemiciclo esta semana, y que se prevé que se aprueben, incluyen la despenalización de las manifestaciones espontáneas en determinados supuestos y que las sanciones tengan en cuenta la capacidad económica individual de cada persona.

Además, se reducirá el tiempo de detención de quien se niegue a identificarse del máximo de 6 horas actuales a 2 horas –salvo casos excepcionales–, y se incluye un matiz en cuanto a la presunción de veracidad de los relatos policiales, que para ser considerados así deberán ser coherentes, lógicos y razonables.

Otros cambios

Otros cambios que se discutirán durante los próximos días son los siguientes:

  • Grabar a los agentes:

En la normativa actual es una infracción grave «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación», lo que ha dado pie a que muchos agentes impidan directamente la toma de imágenes.

A partir de ahora, si la reforma sale adelante, «no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión», aunque sí lo hará, como hasta ahora, si se pone en peligro a agentes o sus familias.

  • Registro corporales:

Las enmiendas presentadas por el Partido Socialista (PSOE) y UP también recogen una modificación del artículo 20, que pasará a indicar que los registros corporales externos deberán estar «fundamentados racional y objetivamente», no como ahora, que solo es necesario que existan «indicios racionales» de que se puede encontrar instrumentos o efectos «relevantes». Además, se añadirán los principios de «igualdad de trato y no discriminación».

  • Material antidisturbios:

Para restablecer la seguridad ciudadana en manifestaciones se deberá intervenir avisando claramente de manera verbal y utilizando «siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables».

Este punto se entiende como una alusión al uso de pelotas de goma que ya han hecho que numerosos ciudadanos hayan perdido un ojo por su impacto.

Oposición de los sindicatos policiales

Justo antes del inicio de este debate parlamentario, este sábado se ha celebrado una manifestación convocada en Madrid por el sector más hegemónico y situado ideológicamente a la derecha de la Policía, a la que han asistido sobre todo miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Según Jusapol (Justicia Salarial Policial), una de las asociaciones convocantes de la marcha, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana constituye un ataque del Gobierno a policías y guardias civiles, que «deja a los pies de los caballos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en beneficio de los delincuentes y los manifestantes violentos«, según ha manifestado su presidente, Miguel Ángel Gómez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A las críticas, y en concreto a la manifestación del pasado fin de semana, se sumaron las fuerzas más conservadoras del Parlamento, Vox, Partido Popular y Ciudadanos, cuyos representantes participaron en la protesta.

Las proclamas contra esta reforma, como que desprotege a los ciudadanos y protege a los delincuentes, o que deja vendidos a los policías, chocan con los últimos datos conocidos de delincuencia, que refleja que la criminalidad en España se encuentra en mínimos históricos, con tan solo 39 delitos por cada 1.000 habitantes.

Así, durante los nueve primeros meses del año se han registrado 11,2 % menos homicidios y asesinatos y un 5,5 % menos robos con fuerza. Uno de los pocos delitos que se han incrementado han sido las agresiones sexuales (un 30 % más), que desde el Ministerio del Interior se explica que es debido a que las políticas activas llevadas a cabo han propiciado una mayor disposición de las víctimas de estos delitos a denunciar, reduciendo así los niveles de infradenuncia.

Comparado con 2019, el año inmediatamente anterior al estallido de la pandemia de coronavirus y a las medidas que llevó aparejadas, como el confinamiento de toda la población, la criminalidad ha bajado un 13,6 %.

Con estos datos sobre la mesa, se prevé que la mayoría del Congreso de los Diputados apoye la reforma, con la excepción de las tres fuerzas políticas que han apoyado la manifestación de este sábado.

Fuente: RT

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